Honduras y Estados Unidos firmaron ayer el memorándum de entendimiento para afianzar esfuerzos conjuntos orientados a enfrentarse a amenazas contra la seguridad.
El documento lo firmaron el canciller Arturo Corrales por Honduras y María Otero, subsecretaria de Estado para Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos, en representación del Gobierno de EUA, en presencia del presidente Porfirio Lobo Sosa.
La carta se suscribió con la convicción de la necesidad urgente de fortalecer la cooperación bilateral diseñando y adoptando medidas prácticas para enfrentarse a las amenazas a la seguridad ciudadana en Honduras.
EUA, por medio de la Carsi (Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana) y de los programas de asistencia y desarrollo relacionados con la seguridad ciudadana, está comprometido a complementar esfuerzos del Gobierno de Honduras para desarrollar la capacidad de sus instituciones de aplicación de la ley.
Los esfuerzos conjuntos hacia objetivos compartidos incluyen “prevenir la entrada de drogas ilícitas al territorio de Honduras, interceptar la droga ilícita que logra entrar al país, asegurar la efectividad de los operadores de justicia, fortalecer el Estado de derecho y otras instituciones democráticas, proteger los derechos humanos, eliminar la corrupción, prevenir el crimen y la violencia, asistir a las comunidades más adversamente afectadas por la delincuencia y la violencia”, cita el documento.
Líneas de acción
El instrumento suscrito consigna cinco líneas de acción.
La primera se refiere a la negación e interdicción, que busca mantener la integridad y soberanía del territorio hondureño, obstaculizando que criminales hagan actividades ilícitas.
Se busca prevenir la entrada ilegal de personas y el tráfico ilícito, coordinando esfuerzos para interceptar el contrabando.
Un segundo factor es la construcción de capacidad investigativa y procesal, que pretende sentenciar a criminales.
Los dos Gobiernos acordaron apoyar unidades especializadas de aplicar la ley, crear una Unidad de Crímenes Mayores capaz de proporcionar apoyo investigativo para casos críticos y fortalecer la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico.
Asimismo, coordinar con el Ministerio Público el apoyo para ser efectivos en investigar y procesar casos de alto impacto, desarrollar la capacidad de intervención de comunicaciones por orden judicial y adoptar una legislación efectiva para interrumpir actividades de organizaciones criminales.
Otra línea de acción se refiere a programas preventivos y de justicia juvenil restauradora, dirigidos a la prevención del crimen y la violencia, identificando soluciones de amenazas locales.
El cuarto punto se denomina integridad personal, investigación y asuntos internos, cuyo objeto es eliminar la corrupción y criminalidad dentro de las instituciones que aplican la ley, premiando la integridad dentro de las entidades de justicia.
Se promoverán mecanismos de selección y evaluación de personal, fortaleciendo la investigación y el procesamiento de individuos que laboran en instituciones operadoras de justicia sospechosas de haber cometido delitos o violado la confianza pública.
Finalmente se acordó crear un grupo especial de apoyo para investigar y procesar los delitos financieros, incluyendo el lavado de activos y otras actividades ilícitas.
Tegucigalpa. Honduras y Estados Unidos firmaron ayer el memorándum de entendimiento para afianzar esfuerzos conjuntos orientados a enfrentarse a amenazas contra la seguridad.
El documento lo firmaron el canciller Arturo Corrales por Honduras y María Otero, subsecretaria de Estado para Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos, en representación del Gobierno de EUA, en presencia del presidente Porfirio Lobo Sosa.
La carta se suscribió con la convicción de la necesidad urgente de fortalecer la cooperación bilateral diseñando y adoptando medidas prácticas para enfrentarse a las amenazas a la seguridad ciudadana en Honduras.
EUA, por medio de la Carsi (Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana) y de los programas de asistencia y desarrollo relacionados con la seguridad ciudadana, está comprometido a complementar esfuerzos del Gobierno de Honduras para desarrollar la capacidad de sus instituciones de aplicación de la ley.
Los esfuerzos conjuntos hacia objetivos compartidos incluyen “prevenir la entrada de drogas ilícitas al territorio de Honduras, interceptar la droga ilícita que logra entrar al país, asegurar la efectividad de los operadores de justicia, fortalecer el Estado de derecho y otras instituciones democráticas, proteger los derechos humanos, eliminar la corrupción, prevenir el crimen y la violencia, asistir a las comunidades más adversamente afectadas por la delincuencia y la violencia”, cita el documento.
Líneas de acción
El instrumento suscrito consigna cinco líneas de acción.
La primera se refiere a la negación e interdicción, que busca mantener la integridad y soberanía del territorio hondureño, obstaculizando que criminales hagan actividades ilícitas.
Se busca prevenir la entrada ilegal de personas y el tráfico ilícito, coordinando esfuerzos para interceptar el contrabando.
Un segundo factor es la construcción de capacidad investigativa y procesal, que pretende sentenciar a criminales.
Los dos Gobiernos acordaron apoyar unidades especializadas de aplicar la ley, crear una Unidad de Crímenes Mayores capaz de proporcionar apoyo investigativo para casos críticos y fortalecer la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico.
Asimismo, coordinar con el Ministerio Público el apoyo para ser efectivos en investigar y procesar casos de alto impacto, desarrollar la capacidad de intervención de comunicaciones por orden judicial y adoptar una legislación efectiva para interrumpir actividades de organizaciones criminales.
Otra línea de acción se refiere a programas preventivos y de justicia juvenil restauradora, dirigidos a la prevención del crimen y la violencia, identificando soluciones de amenazas locales.
El cuarto punto se denomina integridad personal, investigación y asuntos internos, cuyo objeto es eliminar la corrupción y criminalidad dentro de las instituciones que aplican la ley, premiando la integridad dentro de las entidades de justicia.
Se promoverán mecanismos de selección y evaluación de personal, fortaleciendo la investigación y el procesamiento de individuos que laboran en instituciones operadoras de justicia sospechosas de haber cometido delitos o violado la confianza pública.
Finalmente se acordó crear un grupo especial de apoyo para investigar y procesar los delitos financieros, incluyendo el lavado de activos y otras actividades ilícitas.
