María Otero, subsecretaria de Estado de Estados Unidos para la Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos, enfatizó ayer en la necesidad de abolir la impunidad en Honduras.
“Ponerle fin a la impunidad es clave para crear un país más seguro y próspero y un futuro más socialmente inclusivo para Honduras”, dijo Otero, quien dirige la delegación estadounidense de alto nivel que concluye hoy una gira oficial.
“Cuando persiste la impunidad, los ciudadanos se alejan del Gobierno y se sienten cada vez más impotentes, resultando en un ciclo de violencia que conduce a la inseguridad y al temor generalizado.
Dar fin a la impunidad requiere que las autoridades investiguen rigurosamente las denuncias de abuso para construir casos sólidos y creíbles.
Estos casos deben resultar en procesamientos y condenas de los responsables, siguiendo el debido proceso y la igualdad de protección bajo la ley”, recalcó.
“El mensaje debe ser claro: que la ley se aplica a todo el mundo, desde el carterista común al poderoso funcionario gubernamental o al empresario rico. Envía la señal de que un crimen es un crimen y no importa quién lo cometa o qué delito ha cometido”, manifestó Otero. “Combatir la impunidad también requiere sectores judiciales y de seguridad sólidos que cuenten con respeto y credibilidad pública”. La Policía debe convertirse en uno de los actores de mayor confianza, agregó.
Expuso que EUA les da la bienvenida a las nuevas estructuras, como la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública y la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial.
“Estas nuevas estructuras les dan a los hondureños la esperanza de que el cambio es posible, pero estos deben lograr los resultados esperados”, expresó.
Reconoció que el establecimiento de este grupo de trabajo bilateral demuestra la seriedad con que el Gobierno de Honduras aborda los asuntos de derechos humanos.
Valoró que el gobierno de Lobo ha demostrado su compromiso con la creación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños y el establecimiento de la Unidad para Víctimas Especiales.
